Resumen: El auto impugnado se basa en dos bloques de razonamientos. En el primero, sostiene la inconstitucionalidad de las limitaciones objeto de autorización, porque fuera del estado de alarma no cabe una limitación de derechos fundamentales como la que implica el confinamiento que considera una suspensión. Por tanto, respecto de este razonamiento se estima el recurso de casación. La Sala reitera que, si a la vista de la evolución favorable de la crisis sanitaria ya no es preciso adoptar las medidas extraordinarias propias del estado de alarma, las autoridades sanitarias autonómicas están apoderadas para acordar medidas que impliquen limitación o restricción puntual de derechos fundamentales. Y añade que los datos de incidencia que se toman como base de la medida objeto de autorización deben ser los considerados por la autoridad sanitaria al tiempo de solicitarse la autorización. Cosa distinta es que, por ser el virus cambiante, al resolverse sobre la autorización sea un hecho notorio la reducción sustancial de la tasa de incidencia y que lo aprecie el tribunal. Finalmente, la medida de confinamiento litigiosa se basa en los datos sobre la tasa de incidencia acumulada, lo que es razonable, aunque, si la Administración ha de interesar la autorización judicial para adoptar ese confinamiento, es porque pretende aplicar unas medidas que implicarán la restricción de derechos y libertades fundamentales, de ahí que la decisión precise que los tribunales la autoricen como sus garantes.
Resumen: Impugnación de actos de la Administración. La empresa impugna la resolución por la que se estima recurso de alzada interpuesto por sindicato contra resolución MTES por la que se estima, por silencio administrativo, la solicitud de declaración de fuerza mayor para la suspensión de relaciones laborales y/o reducción de jornada de las personas trabajadoras de la empresa. El mismo ERTE dio lugar a los autos seguidos en esta Sala que finalizaron con acuerdo de conciliación entre el sindicato demandante y la empresa .En el citado procedimiento la parte actora desistió respecto a la Dirección General de Trabajo.La AN desestima la demanda, no hay vinculación entre ambos procedimientos pues en la conciliación que puso fin a dicho procedimiento no fue parte la Administración Pública aquí demandada. Inexistencia de fuerza mayor porque hay posibilidad de seguir realizando, al menos parcialmente, la actividad empresarial. Disminución del trabajo derivada de causas ETOP y por ello resulta ajustada a derecho la resolución impugnada.
Resumen: PRIMERO.- Se ejercita en la presente litis una acción de reclamación de cantidad derivada de un transporte aéreo. En concreto, la parte actora interesa que se condene a la demandada al pago de 1.200 ? en concepto de compensación reglamentaria por la cancelación del vuelo.
